12 de agosto de 2019
El presente informe expone algunas de las acciones en política científica que reclama insistentemente COSCE y que tienen en común no requerir un gasto significativo, pero cuya ejecución repercutiría muy positivamente en el Sistema de Ciencia. Se trata de iniciativas que han sido desplegadas ya por los países de nuestro entorno, por lo que su aplicación es imprescindible para mantener nuestra capacidad competitiva.
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Pacto de estado por la ciencia: promoción por COSCE de un marco general y de medidas concretas
La vocación de COSCE desde su creación (2004) en promover un Pacto de Estado por la Ciencia capaz de interpelar a las fuerzas políticas del arco parlamentario, así como a los agentes económicos y sociales del país se vio reforzada y concretada con la puesta en marcha del proyecto DECIDES, en cuyo Informe general (2016) se condensan, en forma de compromisos, las bases sobre las que COSCE propone cimentar un acuerdo, con el máximo consenso, a medio y largo plazo, para que la ciencia recupere el ritmo de crecimiento que se adivinaba hasta 2009, y como una oportunidad para corregir en parte (solo en parte) los déficits en políticas científicas generadas en la década de los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX, políticas que sí implementaron los países desarrollados de Europa y América (por lo que no han requerido plantear un Pacto de las mismas características).
Marco general
El marco general de aplicación del Pacto propuesto debería contener, conjuntamente y a la vez, los siguientes puntos:
- Un Ministerio de Ciencia, dotado del máximo peso político posible en el contexto del Consejo de Ministros.
- Una oficina independiente de asesoramiento científico y tecnológico, coordinadora de las asesorías científicas en los distintos ministerios. Una oficina acorde con los estándares dictados por los organismos internacionales competentes (INGSA).
- Una Agencia, u organismo equivalente, consensuada e independiente, homologable a las Agencias de la mayoría de países científicamente avanzados, capaz de garantizar la adecuada gestión de recursos e instrumentos proveídos por las políticas científicas, necesariamente desligada de los ciclos electorales y de las anualidades presupuestarias.
- Una oficina de asesoramiento científico en el Congreso de los Diputados similar a alguno de los modelos existentes en otros países avanzados, y compatible con el modelo de asesoramiento del Ejecutivo (punto 2), y cumpliendo igualmente los estándares internacionales.
- Al menos un plenario anual en el Congreso de los Diputados dedicado monográficamente a debatir las políticas científicas y tecnológicas.
Medidas concretas
De entre las medidas concretas a desarrollar, una vez alcanzado un amplio consenso en la implantación del marco general indicado, cabría destacar las siguientes (recomendamos encarecidamente consultar la totalidad de medidas propuestas en el Informe DECIDES en: https://decides.cosce.org/propuestas-informe-2016/:
- Establecer un itinerario para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como uno de los ejes centrales del modelo productivo, en sintonía con la economía del conocimiento que es la de los países de mayor prosperidad (véase el primer informe de urgencia a la EECTI 2021-2027 emitido igualmente por COSCE).
- Incremento inmediato de la inversión en ciencia (real y accesible) a una tasa anual acumulativa superior al 4% durante un primer tramo de 10 años, lo que permitiría la recuperación nominal de los niveles de inversión de 2009.
- Dotar a la Agencia Estatal de Investigación (punto 3) de una estructura suficientemente independiente, bajo responsabilidad de miembros competentes del colectivo científico, de un presupuesto plurianual, y de los recursos suficientes (véase la medida anterior).
- Promover un modelo de captación y retención de talento, fomentando los contratos laborales de investigación y la movilidad profesional entre centros internacionales y entre los ámbitos público y privado.
- Reforzar el sistema de evaluación y gestión de la investigación, teniendo en cuenta la evolución que tales sistemas están experimentando en el conjunto de países que priorizan la ciencia en sus políticas.
- Establecer un método de análisis de la información generada por el desarrollo de la actividad investigadora en su conjunto, teniendo en cuenta las nuevas opciones que proporcionan los procesamientos masivos de datos (Big Data) y la necesidad de que toda la información derivada del actividad financiada con recursos públicos deberá ser de acceso público inmediato.
El despliegue de dichas medidas mediante la correspondiente actividad legislativa y ejecutiva, como acciones de política científica que son, debería realizarse con la máxima urgencia, en cuanto la legislatura inicie su andadura. Por su parte, COSCE se compromete a seguir analizando mediante su proyecto DECIDES las políticas científicas, y hacerlo periódicamente, con la máxima seriedad, veracidad e independencia. Junto con tales análisis se seguirán realizando aportaciones y propuestas en respuesta a las políticas desplegadas y las necesidades detectadas
El malestar de los científicos en general respecto del modelo editorial imperante, convertido de facto en un oligopolio de proporciones multimillonarias ha tenido expresión en algunas iniciativas que han intentado superar la dependencia de las grandes editoriales a la hora de publicar los artículos y de la evaluación de los mismos en función de la revista en la que se publican, pero no se han producido amplios acuerdos que pudieran influir realmente en un cambio de modelo.
Ante la dificultad de llegar a acuerdos viables y aplicables, y con el horizonte de el acceso abierto a los artículos generados por investigaciones financiadas con dinero público, en mayo de 2018 se reunieron en Berlín, representantes de diversos países convocados por Horst Hippler, director de la conferencia de rectores alemana y del Projekt DEAL, el consorcio negociador que decidió romper con la editorial Elsevier. Asistieron representantes de Couperin, el consorcio francés que rompió con Springer-Nature. Entre los asistentes también se encontraba Koen Becking (Tilburg University, negociador de VSNU de los Países Bajos), y representantes de UK Research Councils, de Austria, de Polonia, y de la Universidad de California.
Acudió como invitado Robert-Jan Smits, ex Director General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea y actualmente promotor del Plan S para la transformación del sistema editorial en un sistema de acceso abierto.
Los debates estuvieron asesorados por Henning Rockmann, director de la asesoría legal de la conferencia de rectores alemana.
A pesar de ser uno de los países que asume un mayor coste en suscripciones a revistas científicas, España no estuvo representada en la dicha reunión, a pesar (o tal vez por ello) de que el 2016 la FECYT mantuvo conversaciones con Elsevier para un convenio de compra conjunta, que no llegó conclusión alguna.
Tras la reunión de Berlín, diversos contratos de las grandes editoriales (en especial Elsevier) no se han renovado. Entre los más significativos, los de la Max Plank Society, la Bisman Consortium de Suecia, un consorcio similar de Noruega, y el de la Universidad de California. Estas instituciones han ido firmando acuerdos de distinta índole con diversas editoriales, acuerdos de los que habrá que evaluar su eficacia y capacidad de adaptarse al modelo de acceso abierto. En cualquier caso, son acciones proactivas que representan abandonar las tradicionales posiciones pasivas y/o defensivas ante las grandes editoriales, y plantear soluciones basadas en la negociación.
No han trascendido nuevas reuniones ni avances en la coordinación de los países presentes en la mesa de Berlín.
El Plan sigue sumando promotores y detractores, y se encuentra vigente bajo la coordinación de Science Europe https://www.coalition-s.org/why-plan-s/
El Plan inicial se ha modificado, especialmente por las aportaciones que han realizado las entidades que lo han suscrito. Una de las modificaciones más relevante es que la fecha límite se ha retrasado un año, desde enero de 2020 a enero de 2021. Hay cambios también, importantes, en los periodos y términos de la adaptación de las editoriales.
Puede consultarse el redactado actual de los Principios del Plan S y de las implementaciones en: https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation/
Una novedad respecto de los meses pasados es que se han diferenciado tres categorías de implicaciones:
Entidades financiadoras, que aceptan cumplir los nueve puntos del Plan S https://www.coalition-s.org/funders/
- Entidades públicas. Han crecido hasta 16. Entre las últimas incorporaciones está la nueva Agencia Británica, UKRI.
- Entidades privadas: siguen contando con las dos de mayor capacidad de financiación de la ciencia a nivel mundial: Welcom Trust y Bill and Melinda Gates Foundation.
- Entidades europeas: Comisión Europea y European Reserach Council.
Entidades partidarias, que apoyan el Plan S, pero que sus programas de financiación (las que los tienen) no se encuentran todavía en disposición de aplicarlo en su totalidad: cuenta con 25 entidades https://www.coalition-s.org/supporters/
Embajadores, que actúan a nivel personal como promotores y transmisores de los debates y dificultades generadas en su aplicación concreta https://www.coalition-s.org/ambassadors/
Actualmente hay 14 científicos de perfil diverso, actuando en todos continentes (Europa, América, África, Asia, Australia-Oceanía)
No hay presencia de entidades españolas (públicas o privadas) en ninguna de las categorías. Tampoco hay ningún embajador de procedencia española. No hay constancia de que alguna organización española haya presentado propuestas o rectificaciones al Plan S, y con ello tener voz y presencia en su desarrollo.
Informe solicitado por: el Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
Entidad asesora: Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).
Elaboración: El presente Informe se ha redactado a partir de la documentación recogida y los informes publicados por el proyecto DECIDES.
